Lima. El Tribunal Permanente de los Pueblos continuará escuchando los alegatos de los denunciantes de diversas ilegalidades cometidas por transnacionales europeas que operan en América Latina.
La corte, de carácter moral, funciona en el marco de la Cumbre Social, paralela a la V Cumbre de América Latina y el Caribe–Unión Europea (ALC-UE), que sesionará el viernes 16 de mayo con asistencia de gobiernos que defienden a esas compañías.
El TPP se instaló el 13 de mayo y de inmediato atendió la denuncia presentada por representantes de la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), contra la empresa Monterrico Metals, original de Inglaterra.
La firma es acusada por insistir en la ejecución del proyecto Majaz, en la norteña región de Piura, que provocaría la destrucción de la agricultura en la zona, según expusieron ante el TPP dirigentes de las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas.
Leer todo el artículo - CerrarEl desarrollo de ese y otros proyectos, indicó el dirigente campesino Magdiel Ugaz ante los jueces encabezados por el sacerdote belga Francois Houtard, pondrían en serio riesgo la diversidad biológica de la zona.
En las tierras afectadas habitan el tapir andino y el oso de anteojos y florecen los árboles de cedro, la uña de gato (antiinflamatorio natural) y diversas hierbas medicinales.
Ugaz señaló que las comunidades campesinas del área nunca fueron consultadas, como lo ordena la legislación vigente y que las protestas de los labriegos han sido reprimidas con un saldo de dos muertos y centenares de labriegos enjuiciados, algunos de ellos por terrorismo.
Mario Palacios, dirigente de CONACAMI, afirmó que la empresa violó los derechos de propiedad, a la vida, de libre tránsito y asociación, para imponer un modelo de desarrollo contrario a las comunidades por ser altamente contaminante y destructivo para la naturaleza.
El representante del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, César Padilla, explicó que en los últimos 20 años, al amparo del modelo neoliberal, los gobiernos provocaron cambios en los marcos regulatorios, jurídicos y tributarios para propiciar las inversiones mineras, con graves consecuencias para el medio ambiente y la salud.
El tribunal atendió también ayer una denuncia contra la actuación ilegal de la transnacional española Repsol YPF en Argentina, Bolivia y Ecuador.
Diego Mansilla (Argentina), Gustavo Rodríguez y Fabián Cayo (Bolivia) y Alejandra Almeida (Ecuador), denunciaron la forma cómo actúa Repsol.
En Bolivia, por ejemplo, la empresa controla un millón 300 mil hectáreas y afecta el equilibrio ecológico de extensas zonas del país.
En Ecuador opera en 200 mil hectáreas de bosque húmedo tropical e impide el ingreso de representantes del Estado para examinar las denuncias de contaminación que presentan los dirigentes indígenas.
Redacción La Quinta Pata y PL, 14 – 05 – 08
miércoles, 14 de mayo de 2008
Latinoamérica-EneJun2008
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