Javier Polvani
La DGE los desafectó porque dice que fueron contratados durante los meses previos a las elecciones del 2007, contra la Ley de Responsabilidad Fiscal. Los radicales K argumentan que fue para suplirlos por peronistas.
Las autoridades de la Dirección General de Escuelas les dieron de baja a los que ingresaron en los seis meses previos al traspaso del gobierno y denunciaron ante la Fiscalía de Estado a los funcionarios del organismo que salieron en diciembre. Como contrapartida, la Concertación pagará un asesor legal para los celadores dados de baja y promoverá desde la Legislatura la restitución de los puestos de trabajo.
Los celadores que fueron dados de baja son los que se incorporaron entre el 30 de junio y el 10 de diciembre de 2007. En defensa de éstos se pronunciaron ayer intendentes y legisladores cobistas, quienes se reunieron en Rivadavia con algunos trabajadores afectados y representantes del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE).
Sebastián Brizuela, director de Recursos Humanos de la DGE, confirmó que son 198 los celadores que fueron desafectados. Explicó que las bajas se produjeron en virtud de la Ley de Responsabilidad Fiscal, según la cual no se pueden incorporar agentes al Estado en los seis meses previos al cambio de gobierno.
“Se dieron de baja a todos los que fueron contratados en forma ilegal y después se atendieron casos particulares que fueron reincorporados”, respondió Brizuela a este diario. Los destinatarios de la medida recibieron un memo en el que se les informaba de la situación, aunque hay algunos celadores cesanteados que aún no lo recibieron, lo que sucederá en los próximos días.
Brizuela reconoció que nuevos celadores fueron nombrados para muchos de los puestos que quedaron vacantes por la resolución Nº713 de la DGE. Otros no necesitaron remplazo porque no eran necesarios.
El funcionario confirmó que fue radicada una denuncia en la Fiscalía de Estado en la que se da cuenta de una presunta violación a la Ley de Responsabilidad Fiscal en la contratación de celadores durante los últimos meses del gobierno provincial de Julio Cobos.
Leer todo el artículoContra esta postura, algunos celadores dados de baja encontraron un eco favorable a su posición en el SUTE y en el cobismo durante una reunión realizada ayer en Rivadavia.
El intendente local, Gerardo del Río, les ofreció el asesoramiento de un abogado que finalmente costeará la Concertación, “para no involucrar al Municipio institucionalmente en esto”, argumentó.
En la reunión también estuvieron Alexander Maza, Gerardo Soria, Luis Petri y Florinda Seoane, legisladores de la Concertación Ciudadana. “Vamos a activar los mecanismos de defensa de los derechos de las personas que tiene la Legislatura”, advirtió Maza.
Alexander Maza: “un chanchullo de la peor calaña”
El uso clientelar de los cargos a favor de las apetencias electorales de los partidos políticos es lo que aparece en el fondo de la pelea entre las actuales autoridades de la DGE y los cobistas que salieron a criticar la baja de los celadores contratados en el segundo semestre del 2007.
Sebastián Brizuela, jefe de Recursos Humanos de la DGE, calificó de “ilegales” las contrataciones. La ley violada, según la argumentación oficial, es la de Responsabilidad Fiscal, en la parte que prohíbe las contrataciones en los meses previos a las elecciones.
La cláusula prohibitiva de la ley se impuso para evitar que con plata del Estado se rentaran voluntades con objetivos electorales. Eso hicieron los funcionarios de la DGE durante la gestión de Julio Cobos, consideran los jaquistas que los remplazaron desde el 10 de diciembre.
En la vereda de enfrente, los cobistas rechazan esas acusaciones y levantan la apuesta calificando la avanzada contra los celadores como “un chanchullo de la peor calaña”, en palabras del diputado Alexander Maza. “Es indigno agarrárselas con trabajadores que cobran entre $800 y $1.000”, sumó el legislador en su ataque a la medida del jaquismo.
Maza rechazó que el gobierno de Cobos haya usado políticamente esos nombramientos. Explicó que las contrataciones se hicieron por la necesidad de las escuelas de contar con más celadores y que no se afectó a ese tema más plata de la que estaba presupuestada.
Brizuela reconoció que tras darles de baja a los celadores nombrados durante el gobierno anterior se debió contratar a otras personas para remplazarlos. Y dijo que entre los dados de baja se reincorporaron los que tenían situaciones particulares complejas. Entre éstos, algunos jefes de familias numerosas o padres de discapacitados.
La mejor pruebaPara los cobistas, el hecho de que los cesanteados hayan sido remplazados es la mejor prueba de que “esta movida es una venganza política que castiga a trabajadores inocentes. Y para colmo, atrás hay un interés mezquino de quedarse con los cargos libres para repartir entre los amigos del gobierno”.
Diario Uno, 02 – 08 – 08
La Quinta Pata
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