Militantes de la Asamblea Popular por el Agua realizaron ayer una fuerte protesta ante cientos de empresarios mineros convocados por el congreso Argentina Mining 2008 que se desarrollaba a puertas cerradas en el auditorio Ángel Bustelo.
Con sus características máscaras de calaveras y pecheras negras, los manifestantes llegaron cerca del mediodía desde el Valle de Uco, San Rafael y el Gran Mendoza.
Entre música y pancartas reiteraron su oposición a la explotación minera a cielo abierto con la utilización de cianuro, su propósito de defender la aplicación de la ley que prohíbe el uso de esa sustancia y su objetivo de presionar al Gobierno para que modifique el Código Minero, ya que consideran que otorga demasiados beneficios económicos a los empresarios.
Del otro lado, los mineros continuaron su cantilena neoliberal repitiendo que la ley 7.722 es “inconstitucional porque impide el desarrollo de una actividad económica sustentable que bien controlada no es dañina para el medio ambiente y que los integrantes de las agrupaciones sociales que trabajan en contra de la minería no están bien informados”.
Leer todo el artículoNo puede haber acuerdo cuando de voracidad empresaria se trata. Vale recordar que los empresarios quieren invertir y obtener la mayor ganancia posible en el menor tiempo por lo que las consideraciones ecológicas de mediano y largo plazo no forman parte de su estructura de pensamiento.
Sin embargo, hay algo en lo que ambas concuerdan: la falta de presencia del Estado en el control de la actividad minera y una estrategia clara de desarrollo. Con respecto a los empresarios viene a cuento que cuando el Estado pretende regular las actividades de los emprendimientos privados locales y transnacionales – intervención en ganancias desmesuradas y libres de impuestos, defensa del medio ambiente, sanción de leyes – ponen el grito en el cielo exigiendo libertad y retracción. No así cuando lo llaman para encubrir sus depredaciones como ahora que pretenden revisar o directamente anular la ley 7.722.
Lucas Taboada de la Asamblea Popular del Agua, dijo respecto del gobierno local: “¿Cómo no vamos a sospechar de las intenciones del Gobierno cuando el director de Minería, Alberto Rubio, dice que la ley 7.722 hay que revisarla, cuando el ministro de Infraestructura ( Francisco) Pérez ha trabajado para el estudio de abogados que armó los argumentos para declarar esta ley inconstitucional. Tenemos pruebas contundentes de cómo otros emprendimientos en La Rioja y Tucumán terminaron contaminando las napas. Esta manifestación es de la gente del pueblo que ha tomado conciencia de la importancia de defender el agua de riego”.
Redacción
La Quinta Pata, 28 – 08 – 08
La Quinta Pata
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