Jueces, camaristas y fiscales –con algunas excepciones – interpretan las leyes y códigos que favorecen a los genocidas. Los organismos de derechos humanos dijimos mucho antes que la señora Presidenta denunciara que esta justicia es un afrenta a los valores de justicia que anhela gran parte del pueblo.
Mucho antes que la Presidenta de la Nación denunciara a la justicia federal por fallos a favor de genocidas, los organismos de derechos humanos de Mendoza vienen afirmando lo mismo con lo que ocurre en esa instancia en jurisdicción de la dicha provincia argentina. Por esto mismo, fue que días antes (el lunes l5 de diciembre) los organismos elevaron recurso ante el Consejo de la Magistratura, en Buenos Aires, pidiendo el juicio político contra los integrantes de la sala “B” de la Cámara Federal de Apelaciones, o sea a los camaristas Alfredo Juan López Cuitiño, Carlos Pereyra González y Julio Demetrio Petra. Se fundamenta en el hecho de que dichos jueces han incurrido en mal desempeño de sus funciones al dejar sin efecto las prisiones preventivas que regían para varios inculpados de delitos aberrantes en el marco de un genocidio, que es en lo que han incurrido los responsables intelectuales y ejecutores de la dictadura cívico-militar del 76. La presentación la hicieron los abogados Pablo Salinas, Viviana Beigel, Roberto Yansón, Alfredo Guevara y Carlos Varela Álvarez, en representación de los organismos de derechos humanos.
Impunidad e impudicia
Como prueba para solventar este pedido, los abogados destacaron que la Cámara Federal empezó el 23 de mayo del corriente a liberar a todos los detenidos acusados por asesinatos. Ellos son miembros de las fuerzas armadas y de seguridad y fue a partir del l8 de septiembre que el beneficio abarcó al coronel Oscar Orlando Dopazo y poco después al sargento del ejército Osvaldo Martel, acusado de los delitos de tormentos agravados en perjuicio de Margarita Rosa Camus, nieta del entonces gobernador de San Juan, Eloy Camus, abogada y actual jueza de garantías de la justicia en esa provincia. Posteriormente, en noviembre otorgaron la libertad de los ex comisarios Armando Osvaldo Fernández y Eduardo Smaha Borzuk.
Los organismos de derechos humanos han denunciado estas verdaderas aberraciones jurídicas desde hace, por lo menos, dos años antes al presente, reclamando y denunciando a los integrantes de las diversas instancias del ámbito jurídico federal, como los camaristas arriba nombrados, y también al Juez Walter Bento, del Juzgado Federal No. 1, que en su calidad de juez instructor es permeable a las triquiñuelas jurídicas de los represores.
La Quinta Pata, 24 – 12 – 08
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