El proyecto que dispone el nuevo departamento que funcionaría dentro del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, obtuvo media sanción en Diputados. Ahora la iniciativa que busca ser ley deberá pasar la prueba en la Cámara de Senadores. El fin es que oficialmente se atiendan las distintas problemáticas de los pueblos indígenas en Mendoza.
Logró la sanción inicial de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Pablo José Tornello (PJ), impulsando la creación del Área Intercultural de Pueblos Originarios de Mendoza. Se constituirá en el ámbito del Ministerio de Gobierno Justicia y Derechos Humanos, con dependencia directa de la Dirección de Derechos Humanos. Además como autoridad de aplicación, la dependencia deberá generar un espacio desde donde se puedan hacer aportes concretos para la construcción de políticas públicas desde la interculturalidad.
A tales efectos, se dispone en el articulado de la norma, aprobada por unanimidad en Diputados y remitida en revisión al Senado, que la Dirección de Derechos Humanos podrá suscribir acuerdos y convenios con otros organismos oficiales y organizaciones civiles para facilitar la efectiva aplicación de la ley, como así también favorecer todas las actividades promovidas en igual dirección.
Como primera meta se dará prioridad a la implementación de la ley 26160, instrumento promulgado recientemente en el ámbito nacional –al que adhirió Mendoza – que, entre otros avances, establece un “status quo” jurídico, para intentar proteger los derechos posesorios de las distintas comunidades aborígenes existentes en el territorio nacional, sobre las tierras en las cuales se encuentran afincadas.
Para hacer efectiva la instrumentación de la norma nacional, dijo el diputado Tornello en el recinto legislativo, era necesario crear en el ámbito del estado provincial esta área intercultural que se ocupe y atienda en forma particular la problemática indígena. Un ámbito que dé participación a todos los actores interesados y que genera una verdadera política de estado que englobe a los municipios, asociaciones civiles, comunidades aborígenes con o sin personería y a todos aquellos interesados en dar una solución integral a este tema postergado desde hace más de cinco centurias”.
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