Matías Perdomo Larrea
El borboteo generado tras la muerte del ex presidente Néstor Kirchner ha provocado en el país en general, pero muy en particular en nuestra provincia, un legítimo e inevitable dilema respecto a cómo conducir el maquinal vigor que aporta el deseo militante de muchos jóvenes y otros que no lo son tanto. Dicha efervescencia revela cierta sensación de culpa de muchos mendocinos al aportar, desde estas tierras a la escena política nacional, siniestros personajes de la talla de Cobos, Sanz y una Justicia Federal que da vergüenza sino asco. También se reconoce un mecanismo de autodefensa: las ganas de “hacer algo” demuestran la intención de impedir que vuelvan los que ajustan, los que excluyen, los que reprimen. Pero es notoria también la bronca del neo militante respecto a la estructura del Partido Justicialista local que, oliendo sangre (y encuestas en mano), ahora apuesta a Cristina con franca hipocresía. Los novatos escupen: ¡con estos no!, pues no es lo mismo ser bisoño que pelotudo. ¿Acaso disfrazarán de progresista a un referente del neoliberalismo como el dinástico Rodolfo Gabrielli? ¿O reiterarán las cualidades de estratega del azul masón Mazzón? ¿O negarán que el mareado Jaque está donde está por ofrecerle al conservador y retrógrado electorado mendocino mano dura a partir de un ficticio mapa de la inseguridad?
Un breve ejercicio de comparación en las principales políticas nacionales y su eco en Mendoza puede echar algo más de luz a esta relación solo de conveniencia. Mientras en el país 3.700.000 chicos reciben su justa asignación, nuestra provincia paga una miseria a sus empleados públicos por salario familiar; la ley de medios pasó desapercibida por el gobierno de Jaque, al punto de ni siquiera pensar en generar medios públicos locales que la ley le reserva (Cazabán, nuestro representante ante el Consejo de Servicios de Comunicación Audiovisual, bien, gracias); durante el debate por la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, vimos por tele liderar la marcha en rechazo a esta reivindicación social al “progre” ministro de gobierno; la ley nacional de educación poco se expresa en el proyecto provincial, que niega alarmantemente los derechos a la educación sexual y tiene un marcado sesgo privatista; la ejemplar política de DDHH de la nación debió soportar, al comienzo de la gestión provincial, que la persona encargada de cuidarnos sea un Rico torturador (aunque justo es reconocer que el gobierno cambió para bien, apoyando con fuerza los juicios a los genocidas, pero le pifia feo cuando retacea miserablemente apoyo a los organismos de DDHH y en contraste dispone de miles de pesos en espectaculares eventos para el gran público); a la par de tener una Corte Suprema de Justicia con mucho prestigio, los cargos judiciales en nuestra provincia continúan “arreglándose” en los escritorios de la corporación político-judicial. Todo, todo lo anterior, con el sospechoso aroma de la Iglesia local que mete sus narices e influencias en cuanto tema adquiera relevancia política y social. Quizá la única medida jugada emulada del proyecto nacional, sea la anulación a la concesión de Obras Sanitarias Mendoza. El agua, tan celosa al espíritu mendocino, volvió a manos públicas.
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