Rodrigo Farías
Los sectores sociales que instigaron el golpe del ‘55 del siglo pasado no se propusieron solamente la destitución de un gobierno sino que quisieron arrancar desde sus raíces un proyecto de soberanía. Tal es así que se permitieron una censura represiva de casi 20 años, con la proscripción del 70% del electorado, que a través de falsas democracias intercaladas con dictaduras de violencia ascendente culminarían en la dramática amputación de 30 mil ciudadanos del cuerpo social en el genocidio 1976-1983.
El propósito de las oligarquías y los intereses imperiales radicados en el país nunca tuvo como objetivo proyectarse en el corto plazo. Una de las primeras medidas de la Revolución asesina del año ‘55 fue la derogación fáctica de la constitución democrática del año ‘49 en la cual se arraigaba el proyecto de soberanía nacional a través de la longevidad de la Ley. La Constitución Nacional del año ‘49 estuvo concebida para que la heredaran las siguientes generaciones de argentinos. De haber sido las cosas de esa manera la Argentina actualmente poseería la soberanía de sus recursos estratégicos pues en el artículo 40 de la histórica constitución se establecía que “los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación.”
Recuperar tamaño manifiesto no es tarea sencilla. Como se comprueba diariamente, aun en Argentina existe un marco cultural retrógrado, liberal y antinacional, que se encuentra expresado sobre todo en los discursos y los modos de acción del arco opositor y en los medios de comunicación concentrados privados (ergo, también en buena parte de la población) que ponderan la tercerización de la explotación de los recursos naturales por parte de inversores extranjeros como si fuera la única forma posible de realizarla.
Respecto de las mineras trasnacionales como la Barrick Gold, harto conocido es su modo de operación: extraer en el menor tiempo la mayor cantidad de recursos con el menor costo impositivo posible. Es una lógica de la depredación. Por lo cual resulta de vital importancia que el Estado regule, fiscalice y participe de la actividad. Determine porcentajes de regalías soberanos, estructure la explotación dentro de un marco estratégico que prevea el desarrollo industrial, el bienestar ambiental y poblacional, no dejándose atropellar por el propósito, interés y lobby de las corporaciones. Aquí en Mendoza también. Por todo esto, se saluda y se banca el enfrentamiento de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia contra los poderes corporativos trasnacionales.
Río de Palabras 35, 02 – 12 – 10
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