Penélope Moro
Ana María Cevero, argentina y pobre, madre de tres chicos. Muerta en 2007 a los 19 años a causa de la mezquindad de un puñado de médicos que priorizaron creencias propias e individuales por sobre el valor de su vida, representa hoy un caso testigo en la vulneración de los derechos de las mujeres en Argentina. El desenlace de su historia integra la denuncia presentada a finales de marzo pasado por 12 países de la región, entre ellos el nuestro, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el incumplimiento jurídico del derecho al aborto no punible.
Antes de embarazarse por cuarta vez Ana María ya tenía cáncer y estaba en tratamiento médico, pero ningún profesional le advirtió que en su estado debía evitar otro embarazo. Si bien el artículo 86 del Código Penal habilita el aborto terapéutico en casos en que la vida de la madre esté en riesgo, tampoco se le informó acerca de esta posibilidad. La misma le hubiese permitido a la joven acceder al tratamiento de quimioterapia y salvar su vida.
Sobre hechos como este, la CIDH cuestionó la influencia de la Iglesia Católica en los países de la región como “obstáculo en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos”. Desde hace tiempo la institución religiosa a través de sus universidades ligadas al Opus Dei forma “especialistas en bioética”, con la intención de que intervengan en los comités de hospitales públicos. Especialmente sobre los pedidos de abortos no punibles.
Una investigación del Conicet, publicada el 3 de enero 2011 por Página 12, explica que se trata de una organización camuflada de científica, pues solo se mueve por designios místicos y morales. El trabajo detalla que estos “especialistas”, con la intención de perpetuar la ideología exclusiva y patriarcal a la que responden, despliegan distintas estrategias contra aquellas que requieren el cumplimiento de sus derechos para proteger su vida. Fiel al estilo eclesiástico imponen miedo a la mujer que espera el aborto terapéutico, mienten sobre inexistentes riesgos de la intervención quirúrgica dentro del sistema de salud. Guiados por su fascinación “pro vida” del feto, dilatan decisiones con el objeto de que la gestación avance y allí sí complicar la intervención, lo que se entiende también como fascinación “pro muerte” de la mujer. A sabiendas del valor que posee la información, la ocultan, tal como hicieron con Ana María.
En la devolución la CIDH prometió incorporar el tema en su agenda. En materia de Estado es vital la eliminación de los criterios religiosos sobre cuestiones de salud pública y derechos humanos. También es necesario debatir el asunto hacia dentro de la sociedad, entendiendo primero que la mujer vale por humana y no por sus condiciones naturales de maternidad.
Río de Palabras 44, 10 – 04 – 11
No hay comentarios :
Publicar un comentario