Derechos humanos = legalidad

Evelin Torre

En la nota “Derechos humanos y legalidad”, publicada el 21 de marzo en diario La Nación, se advierte que su autor, el abogado Alberto Solanet, se refiere al enjuiciamiento de los genocidas de la última dictadura, como una “política de venganza por motivaciones ideológicas y resentimiento”.

El autor, irresponsablemente, sostiene que se ha vulnerado la garantía de la cosa juzgada y el debido proceso legal, desnaturalizando la forma republicana de gobierno.

Al respecto, debe señalarse que no puede hablarse propiamente de “cosa juzgada”, puesto que la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final provocó que la mayoría de las causas penales que se habían abierto quedaran paralizadas. Tampoco debe adoptarse, como pretende Solanet, un concepto amplio y omnicomprensivo de cosa juzgada, sino que solo puede y debe limitarse a los casos que constituyeron objeto de acusación e imputados a las juntas en 1984. El análisis de las causas que hoy se llevan a cabo permite corroborar que los delitos investigados en la actualidad no son los mismos que en aquél entonces.

También debemos remarcar que los hechos atribuidos a los represores son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Negar la imprescriptibilidad de dichos delitos, importaría desconocer el sentido y alcance de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del año 1969 suscripta y aprobada por el estado nacional por Ley 19.865, del año 1973, es decir anterior a la fecha de comisión de los hechos que juzgamos.

Y con respecto a la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, debemos recordar que fue el congreso, representante de la voluntad ciudadana y en pleno uso de sus facultades constitucionales, el que las declaró insanablemente nulas. Y para mayor legitimidad, la corte suprema de justicia de la nación, en el caso “Simón, Julio Héctor”, declaró su inconstitucionalidad. Esta línea coincide con la jurisprudencia sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos “Barrios Altos c/Perú” y “Almonacid Arellano c/Chile”.
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Por estas razones es que no se entiende qué trata de expresar el abogado Alberto Solanet cuando se refiere a una “política de venganza por motivaciones ideológicas y resentimiento” en contra de los militares.

Al parecer, olvida que fueron sus defendidos los que desataron un sangriento genocidio que alcanzó a todo aquel que no compartía sus ideas.

Fueron ellos los que, valiéndose de medios profundamente deshumanizantes, asesinaron y aplicaron las torturas más aberrantes a quiénes consideraban “subversivos”.

También fueron ellos quienes desarrollaron un plan sistemático de secuestro, robo y apropiación de niños, a los cuáles se pretendía “normalizar” y “moralizar” conforme a sus ideales.

Y fueron ellos, también, los que receptaron las ideas de los chicago boys e impusieron, a sangre y fuego, una economía de libre mercado, priorizando la libertad individual del lucro por sobre los derechos humanos, colectivos y de los pueblos.

Asimismo, cuando Solanet pretende reivindicar lo que se ha denominado “dos demonios”, olvida que el estado debe velar por el bienestar y seguridad de todos los habitantes y que a las acciones violentas debe reprimirse con la ley y no con un aparato organizado para infundir el terror, secuestrando, torturando, asesinando y apropiándose de niños.

Es por eso que debemos resaltar que el enjuiciamiento a los responsables del terrorismo de estado no responde a ideologías ni resentimientos, sino a la necesidad de respetar los principios fundamentales de toda sociedad democrática y estado de derecho, y a las exigencias de un pueblo que reclamaba a gritos “memoria, verdad y justicia”.

Sobre Alberto Solanet
Alberto Solanet es miembro de la “Corporación de Abogados Católicos”, institución ultraconservadora que presidió durante varios años. Actualmente es presidente de “Abogados por la Concordia y la Justicia”, asociación que se formó en 2009 para brindar apoyo a los “presos políticos”, eufemismo con el que gustan llamar a los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

En la web de la ONG demuestran su preocupación por el “padecimiento” de los miembros de las fuerzas armadas, y dicen, “son perseguidos por haber combatido en los años ‘70, por los deberes propios al servicio de armas y según las órdenes del estado, a milicias irregulares armadas, dirigidas y entrenadas por países extranjeros para asaltar el poder e imponer en el país un régimen comunista.”

El objetivo de la ONG es, paradójicamente, “bregar por la vigencia irrestricta del estado de derecho, fomentar y difundir el conocimiento de las ciencias jurídicas y sociales y contribuir al perfeccionamiento de la legislación y de los procesos judiciales”. Agregan además, entre sus deberes, la “pacificación nacional”, término que utilizan como sinónimo de amnistía a los genocidas de la dictadura.

Alberto Solanet es hermano de Manuel Solanet, secretario de hacienda de Galtieri y Roberto Alemann y colaborador de Martínez de Hoz (además de asesor de Krieger Vasena, durante la dictadura de Onganía).

La Quinta Pata, 10 – 04 – 11

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