domingo, 17 de abril de 2011

La democracia quedó a salvo de Patti, pero no de Techint

Emilio Marín

El jueves José León Suárez era una fiesta, al culminar el juicio a represores del calibre del subcomisario Luis A. Patti, los generales Reynaldo Bignone y Santiago Omar Riveros, el agente de inteligencia Martín Rodríguez y el comisario Fernando Meneghini. Este último fue el único que zafó de las condenas perpetuas en cárcel común con que fueron penados sus compañeros de proceso, pues fue condenado a 6 años.

No es que Riveros o Bignone fueran represores de segunda categoría, pero por lejos la mayor alegría a los defensores de los derechos humanos la provocó la condena a Patti. Cuando la camarista Lucía Larrandart puntualizó que la condena debía cumplirse en un establecimiento penitenciario común, estallaron los aplausos. La magistrada urgió al silencio, pero era imposible reprimir esas manifestaciones de júbilo.

Es que hasta ese momento el temible policía, enfundado en cuello ortopédico, seguía representando el papel de pobre enfermo, alojado en la clínica Fleni. Ahora deberá ir a Marcos Paz o Ezeiza, donde recibirá atención médica, pero tras las rejas.

Así la población estará más segura, valga la provocación frente a la concepción de la seguridad que agitaron la derecha del PRO y el duhaldismo, los medios monopólicos y la farándula susanesca, los policías del estilo Patti y Fino Palacios, etc.

Cuando concluyó la parte judicial, afuera, frente al auditorio "Hugo del Carril", comenzó el acto y recital. Pablo Llonto y Ana Oberlin, abogados de las querellas, Gastón y Manuel Goncalvez, y Juana Muñiz Barreto, hijos de las víctimas de Patti, hablaron con la emoción de sentirse reconfortadas por la justicia. Luego los Auténticos Decadentes le pusieron música a ese jueves que ya era noche. "Que no nos roben la alegría", dijo hace tiempo el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Por la forma como bailaban los familiares y amigos de los desaparecidos, se notó que no se las habían robado.

En otro ámbito, Nilda Garré siguió bajando línea para reformar a la Policía Federal, luego de apuntarla como "el principal problema de corrupción" y cambiar los titulares de 47 comisarías sobre un total de 53.
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Y el viernes la titular de Seguridad les recordó a los nuevos comisarios que no debían apartarse ni un ápice de los derechos y garantías de la Constitución. Aunque esta reforma recién comienza, su sentido es positivo. Que llegue hasta el final y tenga un resultado favorable, es algo que hoy no puede asegurarse. La Federal y la Bonaerense son huesos durísimos de roer para la democracia, aún cuando sus escuelas de policías no vayan a seguir portando el nombre de represores como el comisario Ramón Falcón o el general Cesáreo Cardoso.

Aprietes de Techint
Aquellas mejoras en la seguridad de los ciudadanos, en cambio, no se vieron correspondidas en otros ámbitos de la democracia, porque las cúpulas de la Unión Industrial y la AEA rechazaron violentamente el derecho del Estado a nombrar directivos en las empresas privadas de acuerdo a la tenencia accionaria.

Luego de la estatización de los fondos previsionales, la Anses se encontró de pronto con acciones de aquellas empresas donde habían invertido las AFJP. Los dueños de Siembra, Consolidar, Orígenes y otras beneficiarias de la privatización menemo-cavallista habían empleado los fondos jubilatorios para adquirir papeles de Techint, Clarín, Macro y otras firmas.

La correcta decisión de Cristina Fernández, de que los fondos previsionales pasaran a la órbita estatal, determinó una nueva situación: el Estado tenía un 5, 10 y hasta 30 por ciento de los paquetes de 42 empresas de primer nivel.

En ese momento la ley dispuso un tope para la injerencia estatal: designarían directivos como si tuvieran sólo el 5 por ciento de las acciones. Esta semana el decreto 441 del Ejecutivo derogó ese límite, con lo que la cantidad de veedores del Estado aumentará, según el porcentaje de acciones que detenta. En consecuencia, si el 26 por ciento es del Estado, como en Siderar-Techint, le corresponderán 3 directores y no uno. Y así en el resto, especialmente en 32 de las compañías con mayor incidencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

El argumento de los ministros Julio De Vido y Amado Boudou, y del titular de la Anses, Diego Bossio, es impecable. El Estado debe tener tantos directivos como cantidad de acciones y el objetivo es controlar mejor dónde están invertidos los fondos de los trabajadores. Si los privados se oponen a ese derecho, están violando el derecho de propiedad y la tantas veces reclamada "seguridad jurídica".

Hasta ahora el gobierno no ha insistido mucho en otro argumento que queda picando en esta polémica: ¿acaso los monopolios ocultan algo grave en sus balances y distribución de dividendos, y por eso no quieren un directivo estatal husmeándolos?

Bossio metió el dedo en la llaga de Siderar: "los accionistas votaron a favor del directorio de Techint desconociendo el DNU 441, distribuyeron dividendos por 1500 millones de pesos, pero se negaron a tratar la distribución de 6.455 millones reservados, sin argumento válido".

Las cúpulas de la UIA y la AEA actuaron en yunta con el pulpo siderúrgico de Paolo Rocca. El Estado no tiene derecho a meterse en los negocios privados, fue el brulote de estos ejecutivos siempre listos para pedir el salvavidas del Estado en forma de créditos, subsidios, reintegros, exenciones, promoción industrial, baja de contribuciones patronales, garantías, misiones al exterior, transferencias de deudas privadas y otras yerbas.

El imperio tampoco podía faltar en esta hora de tantos peligros que acecharían a la sacrosanta iniciativa privada. Desde Washington opinaron que esta medida K lo emparenta más con Hugo Chávez, el populismo y el estatismo. En pocos días más, en el Sheraton de Buenos Aires, la cofradía de Mario Vargas Llosa hará un seminario internacional condenando esos riesgos mortales para el capitalismo, según la visión neoliberal más extrema. Luego mudará de escenario y abrirá la Feria del Libro, en una tribuna que le regalaron.

Los papelones
Desde los campamentos de la variopinta oposición se auguraba que el gobierno nacional iba a hacer un papelón con las llamadas listas colectoras.

No parece haber sido así, pues el decreto 443 autorizó las listas de adhesión en el orden nacional y el gobernador Daniel Scioli hizo otro tanto con ese mecanismo en Buenos Aires.

Por supuesto, una cosa es la herramienta legal y otra es el resultado político que puede deparar su aplicación. Habrá que aguardar a ver cómo serán las negociaciones políticas para ir sumando, o no, las "colectoras". Scioli y muchos intendentes del conurbano miran con recelo el pegado de algunas listas que pueden armar sectores progresistas. Estas, como la pergeñada por Martín Sabbatella, quieren aportar al capital de Cristina Fernández pero no al del gobernador.

De todos modos, hasta ahora el papelón lo han hecho los opositores, tal como lo admitió Eduardo Duhalde respecto a la frustrada interna del peronismo federal. Hoy se iba a votar en provincias del noroeste, pero hubo una diferencia insalvable entre el ex presidente interino y el gobernador puntano Rodríguez Saa sobre cuáles ciudades serían parte de la pulseada.

El papelón fue por partida doble. Aquella discordancia fue uno, pero el otro fue que hasta el momento venían votando en esa interna el 1 por ciento del padrón. Era aparatito contra aparatito, sin que la compulsa moviera el amperímetro al justicialista común y menos a los independientes.

Otro papelón lo hizo alguien acostumbrado a marcar el libreto a sus artistas: el cineasta Pino Solanas. Argumentando que su candidato en Capital, Claudio Lozano, medía mal en las encuestas, aquel abonó el terreno para bajar al escenario porteño. Lozano le devolvió el mandoble y dijo que era Pino el que daba bajo en los sondeos a presidente y quizás por eso quería competir en la ciudad.

Esto causó mucha discusión al interior de Proyecto Sur, porque el grupo íntimo de Pino y los socialistas se alinearon de un modo, y Lozano, su jefe político Víctor De Gennaro y los maleables Libres del Sur, lo hicieron de otro. Para colmo, este movimiento quedó muy mal parado luego que Solanas hiciera una referencia discriminatoria hacia los sectores más humildes en Salta, donde el domingo ganó el gobernador Urtubey. "Allí no hay calidad de voto", dijo quien alguna vez filmó "La hora de los hornos".

Los radicales, por su parte, se habían adelantado en esto de hacer papelones, cuando Ernesto Sanz se bajó de la interna y Julio Cobos dijo desistir de toda candidatura.

Quedaría por saber cuál será el nuevo papelón de Mauricio Macri, que ya hizo muchos. Tratándose del líder empresario del PRO en cualquier momento desborda la enorme olla donde se cocinan a fuego lento cada uno de sus desaguisados. El último fue proponer un programa común a una oposición que no se puede poner de acuerdo en casi nada. No logra unirlos ni el amor, ni el espanto ni el pedido de sus amigos empresarios. Sólo el temor al precipicio podría hacer el milagro de emparcharlos.

La Arena, 17 – 04 – 11

La Quinta Pata

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