Ramón Ábalo
Siempre hemos sostenido desde los organismos de derechos humanos, que no todos los componentes de las cúpulas militares o policiales fueron ejecutores, desde sus respectivos estamentos, del terrorismo de estado durante el genocidio. Fueron varios los uniformados de las fuerzas que también sufrieron persecución y muerte por oponerse a la tortura, al asesinato y a la desaparición de personas. Claro, nunca fueron reconocidos en las nomenclaturas y fueron víctimas como lo fueron los miles y miles de los sectores populares. Pero el hermetismo de los genocidas, logrado por un pacto de silencio a como sea, suele romperse por la fuerza moral de algunos miembros de la estructuras menores, como lo hizo la semana pasada el comisario retirado de la policía de Mendoza, Julio César Livellara, citado a declarar por el tribunal que juzga a los represores de Mendoza en la causa por la desaparición de Salvador Moyano en septiembre de 1976. Desde el primer momento de su exposición fue contundente cuando afirmó que "en el D2 se hacía desaparecer a personas", confirmando lo que vienen afirmando también los más de 30 testigos que han pasado ante el tribunal, la mayoría de ellos victimizados en las mazmorras donde operaba este servicio de inteligencia de la policía mendocina.
Y dijo mucho más, como que se trabajaba en conjunto con inteligencia militar, un factor fundamental que deja al descubierto la coordinación de lo que se llamó "la comunidad informativa" de todas las fuerzas militares con las fuerzas de seguridad, o sea la policía, la gendarmería y la prefectura marítima, lo que le permitió a la dictadura cívico-militar el trazado de un organigrama represivo casi sin fisuras en todo el país, incluso en el exterior, como lo fue el Plan Cóndor para Sudamérica y grupos de tareas que se instalaron en Europa, especialmente en Francia, como ha quedado registrado, inclusive, en trabajos del célebre Julio Cortázar.
No menos contundente fue lo que siguió agregando: "...durante la dictadura se hacían procedimientos nocturnos en conjunto con el ejército, sin orden judicial y se efectuaban secuestros de personas encapuchadas en autos sin patente...se utilizó la tortura y la presión psicológica para sacar información a los detenidos...como en la película La noche de los lápices .
Subrayamos lo de las operaciones sin orden judicial, elemento que complica a la judicatura de esa época y a sus representantes como Miret, Romano, Petra Recabarren, que están implicados por participación directa en la represión. Está comprobado que estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo y no actuaron en consecuencia. Según una norma de procedimiento penal, aún un juez de menor graduación, como el de paz, tiene la facultad de intervenir de hecho, aunque no se lo califique o se lo destine para esos casos. No hubo un solo caso. El 90% de los togados, tanto de la justicia provincial como federal, juraron por los estatutos de la dictadura, que la dictadura colocó por encima de la constitución. Los encargados de los derechos de los habitantes sucumbieron ante la prepotencia. Los argentinos, durante casi una década, cayeron en la indefensión total de sus derechos a la vida, la integridad física y la dignidad. En la mayoría de los casos, los favores recibidos fueron pagados generosamente.
La Quinta Pata, 29 – 05 – 11
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