Juicios: la impunidad biológica

Ramón Ábalo

Los preparativos de organización y contenidos de la tradicional movilización – concentración y marcha, más numerosos actos culturales – para recordad el fatídico 24 de marzo del ‘76, suelen venir acompañados con no menos tradicionales y renovados aires de reclamos por parte de los organismos de derechos humanos de Mendoza. La previa de este año no será una excepción porque en la mira de los organismos está la demora en reanudar, con otra tanda de causas, los juicios contra los genocidas de la dictadura cívico-militar.

La primera tanda de juicios terminó en octubre del año pasado, y hasta el presente, después de cuatro meses, el Tribunal Oral y público No 1, del Juzgado Federal de Mendoza, no ha convocado para reanudar los juicios. Lo mismo ocurre con la jurisdicción federal de San Rafael, donde una primera tanda tuvo resolución en noviembre del 2010.

En realidad, la pausa prolongada es por el desdoblamiento de funciones en otras jurisdicciones por parte del fiscal público, el Dr. Dante Vega, y otros funcionarios de la justicia. En efecto, Vega cumple similares funciones en estos momentos en juicios que se llevan a cabo en San Juan y lo mismo cumplió en San Rafael. Similar situación les cabe a otros funcionarios – fiscales y querellantes – con lo que la falencia se acentúa, y por eso desde la Liga ha tomado estado público un concepto que puede ser convertido en jurídico: el de la impunidad biológica . Se trata de afirmar desde la muerte natural de los genocidas a causa de vejez o desfasaje senil, por lo que de esa forma los crímenes de lesa humanidad cometidos por esos genocidas, ahora decrépitos y nadies, eluden el castigo que les corresponde, que es el de prisión perpetua y en cárcel común. Es la impunidad biológica .

En los primeros juicios que se concretaron en Mendoza, dos genocidas murieron antes de llegar al banquillo de los acusados, y otros tantos están postrados por causas de sus putrefactos años seniles. De diez incriminados, solo cinco, biológicamente, quedaron en condiciones de cumplir las penas que merecían y recibieron del tribunal. En las demás jurisdicciones del resto del país, el fenómeno es similar, y los familiares, los organismos defensores de los derechos, como asimismo otros movimientos de la comunidad, han empezado a reclamar en alta voz y con la misma tonalidad, mantienen vigentes sus reclamos de memoria, verdad y justicia .
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Mega causa
Ha trascendido, que para reparar la demora, fiscales y querellantes del Tribunal No 1, están en plena preparación y estructuración de lo que ya denominan una mega causa. Esta sería, nada más y nada menos, que todo lo concerniente a lo que fue campo de concentración, tortura, vejación y muerte, las instalaciones y mano de obra del D2, o sea la “inteligencia” de la policía de Mendoza. Sería el compendio de la totalidad de los hechos que fueron ejecutados por esbirros de esa dependencia en aquellos años de plomo, contra varias decenas de secuestrados y después desaparecidos o asesinados. Esas decenas de causas, se convertirán en una sola y la imputación de no menos de un centenar de ejecutores del terrorismo de Estado en ese marco, el D2, el que también, según ya lo anunció el fiscal público, se pedirá que se declare "lugar de extermino y ejecución de crímenes de lesa humanidad", al igual que oportunamente lo fue la ESMA, símbolo mayor en el país de las aberraciones cometidas por los genocidas.

De acuerdo a gestiones de familiares, pudieron verificar que esta mega causa podrá recuperar en tiempos parte de los perdidos. Y ello debe ser una decisión del juez Walter Bento en su condición de instructor, a pedido, repetimos, de fiscales y querellantes. Los organismos van exigir que al momento de llegar el 24 de marzo, ya esa mega causa esté en marcha. Es parte de la misma lucha.

La Quinta Pata, 26 – 02 – 12

La Quinta Pata