Los organismos defensores de los derechos humanos de Mendoza y organizaciones políticas, sociales y estudiantiles que firman el documento adjunto, expresamos nuestra preocupación sobre la situación de la seguridad de los ciudadanos en estos días. En función de esta preocupación hemos solicitado audiencia con los ministros de gobierno y de desarrollo social.
En dicho documento repudiamos la presencia en el estado de sectores que aún reivindican políticas ajenas al respeto a los derechos humanos, expresadas en la ley Petri, por ejemplo, la cobarde agresión al doctor Diego Lavado, el gatillo fácil y la tortura.
Nos preocupan el autogobierno de la policía y el crecimiento de las agencias de seguridad privada, pero en esta oportunidad nuestro principal interés radica en la situación del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.
En este punto particular, y a la vista de los graves acontecimientos ocurridos en agosto y setiembre (el motín que no fue tal) y el 31 de octubre, proponemos como medidas urgentes:
- Pronta y efectiva investigación de los motivos que originaron los acontecimientos citados, a fin de determinar las responsabilidades individuales en cada caso.
- Realizar la denuncia penal por las declaraciones públicas de los agentes –operadores – del estado justificando la violencia, la venganza, la discriminación y quizás la tortura, en caso de que no lo hagan los funcionarios públicos que están obligados a realizar estas denuncias, las haremos nosotros, existiendo la posibilidad de que tales funcionarios puedan ser también imputados por incumplimiento de sus funciones.
- Investigación a fondo de la foja de servicios de los agentes (operadores) involucrados, particularmente el estado de los sumarios por abusos de aquellos a quienes se les hubiere iniciado.
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