"Es importante reiterar el profundo malestar que ha producido la relatora por su clara parcialidad al emitir un texto con conclusiones sin esperar las respuestas que había solicitado a la Argentina", dijo en las deliberaciones el embajador de ese país en Ginebra, Alberto D’Aloto, refiriéndose a un comunicado de Gabriela Knaul del pasado 29 de abril, que ponía en crisis ciertos aspectos de la reforma judicial en Argentina.
"Al otorgar la posibilidad a los partidos políticos de proponer y organizar las elecciones de los consejeros, se pone en riesgo la independencia de los miembros del consejo de la magistratura, lo que compromete seriamente los principios de separación de poderes y de la independencia del poder judicial", indicaba el aludido comunicado.
"El uso y el periodo de vigencia de las medidas cautelares contra el estado no pueden ser restringidos", limitaciones "contrarias" al Pacto de derechos civiles y políticos, instrumento jurídico fundador de la ONU, afirmó también la relatora en aquel comunicado.
La Argentina sostuvo al respecto que la Relatora le hizo un "llamamiento urgente", y que "a menos de una hora... se respondió... que el mismo sería contestado a la brevedad posible", y que "la información solicitada fue enviada en menos de 48 horas", no obstante, "sin esperar la respuesta.... (Knaul) emitió un comunicado (con) opiniones y conclusiones prejuzgando... el fondo de la cuestión".
Por tanto, la Argentina fustigó "la utilización abusiva del llamamiento urgente, un recurso que el consejo de derechos humanos estableció para cuestiones de carácter excepcional en las que la vida o la integridad de las personas se encontrara en peligro inminente, aplicado a un caso de proyectos de ley de reforma de la justicia".
La Argentina sostuvo que "contestó en detalle los puntos que erróneamente alegó la relatora en su consulta y se puede apreciar las reales circunstancias que han motivado (los proyectos de ley) que fueron sometidos a los procesos constitucionales de tratamiento, sanción, promulgación y publicación que nuestra carta magna prevé para la creación de leyes".
Fuentes de la ONU agregaron que Argentina inició un procedimiento contra Knaul en el comité de coordinación de mandatos, el órgano de los propios relatores para resolver divergencias con los estados, un trámite cuyo resultado no se ha producido, tras lo cual el gobierno argentino podría reclamar ante el Consejo de derechos humanos de la ONU hasta el cese de la relatora.
Estos relatores son más de 40, no cobran sueldo (solo viáticos), y los elige por su alto nivel técnico y moralidad intachable el Consejo de derechos humanos de la ONU, compuesto por 47 estados que se van rotando anualmente según una repartición regional consensuada, máxima autoridad en Naciones Unidas en la materia, a la que dichos relatores representan de manera autónoma a sus países de origen.
Sin embargo, la relatora Knaul resistió el embate en la audiencia de Ginebra y justificó el "llamado urgente" que hizo hace un mes a la Argentina sobre la reforma judicial, luego de recibir información de varias fuentes y contactar las autoridades argentinas. "La urgencia era totalmente pertinente para un llamado urgente, porque estaba para ser aprobado", en el parlamento el proyecto de reforma judicial, resumió Knaul al cabo de la reunión del Consejo de derechos humanos de la ONU.
"No es contra la reforma judicial, solamente algunos puntos de la reforma que pueden comprometer la independencia del poder judicial... [como] la utilización de los partidos políticos para que los jueces, abogados y académicos puedan candidatearse ... al consejo de la magistratura. Creo que el problema es la politización que se está creando por ese mecanismo", insistió Knaul
Ante la pregunta si sería aceptable para su relatoría que hubiera convocatoria democrática sin pasar por los partidos políticos para postular al consejo de la magistratura, la relatora respondió: "Sí, exactamente, pero sin esa vinculación" con las formaciones políticas.
Knaul a su vez renovó su oposición en cuanto a las restricciones de las medidas cautelares contra el estado del proyecto porque "los intereses de los justiciables, los derechos de los justiciables deben estar siempre garantizados y protegidos. Creo que no debe haber restricciones", reiteró.
"El procedimiento seguido por la relatora es inaceptable. Cree en la veracidad de ciertas fuentes no gubernamentales sobre cuya fiabilidad debería cerciorarse y ni siquiera consulta al estado concernido. Ningún país acepta un accionar de esta naturaleza", reaccionó el embajador D’Aloto.
"En su descargo no puede explicar por qué no consultó al gobierno y aquí no había ningún peligro inminente para la vida y la integridad de nadie ni estaba en peligro el sistema constitucional sino que por el contrario funcionaba a pleno con el congreso debatiendo las medidas", recalcó D’Aloto.
"Yo veo las críticas del gobierno argentino como algo normal en el proceso de diálogo que existe entre los relatores y el gobierno", desdramatizó Knaul.
"Ahora hay que aguardar las decisiones de la corte suprema", que debe pronunciarse sobre recursos contra las leyes en cuestión aprobadas por las cámaras legislativas nacionales sin los cambios que la relatora reclamara en su llamado urgente, "y espero se respete la decisión de la corte, como representante de uno de los poderes del estado que tiene competencia para tratar este asunto en última instancia", subrayó Knaul.
"Sorprende que dude del respeto a las decisiones de la corte, lo cual es obvio en el estado de derecho que rige en la Argentina y que nadie ha puesto nunca en cuestión", replicó el embajador D’Aloto.
En este marco de crispación, Knaul confirmó la denuncia contra ella de la Argentina en el comité de coordinación de mandatos antes mencionada: "Voy a presentar una respuesta escrita y el comité va a decidir si el código de conducta fue observado o no en mi acción de emitir el comunicado de prensa después del "llamado urgente", finalizó.
www.juangasparini.com/, 30 – 05 – 13
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