Agustín Sur
Da la sensación de que el gobierno no sabe qué hacer con los delincuentes menores más peligrosos. En antiguas instalaciones del Departamento de Godoy Cruz funciona, lo que actualmente se denomina ex-COSE, la cárcel para menores que han cometido delitos por lo que se lo identifican como de gran peligrosidad. En más de una ocasión, desde hace años se han producido fugas, como una última en que se fugaron cinco de ellos que cumplían condenas por atentar contra la vida de personas. Pero antes de esta fuga, y atendiendo a denuncias de familiares de los internos, los organismos de derechos humanos de Mendoza comprobaron graves irregularidades en el trato a los menores provenientes de sus carceleros.
Los organismos de derechos humanos pudieron comprobar por sus propios medios y ojos el permanente maltrato: falta de adecuada alimentación, negativa a recreos en que los jóvenes puedan practicar deportes, como asimismo la imposibilidad de que asistan normalmente a talleres y a clases de educación. De tener plena posibilidad de realizar estas prácticas en un clima de normas disciplinarias en que se tenga como principal objetivo la reinserción social, una vez en libertad, los jóvenes, en su mayoría, responderían a este objetivo.
Pero desde los niveles de toma de decisiones se incurre en gruesos errores que manifiestan en realidad la puesta en práctica de políticas represivas reiteradas con un fuerte contenido discriminatorio que tiene que ver con el clásico mirar de reojo a los jóvenes, considerarlos según el tono de su piel, es decir, de ser portador de un rostro que para el establishment es sinónimo de un potencial delincuente, expresado en el clásico "si es que ya no lo es".
Para acentuar esta discriminación, el gobierno provincial ha decidido la construcción, en tiempos perentorios, de una cárcel para esos menores en Cacheuta, localidad a unos 50 km de la capital, al pie de la cordillera. Los organismos humanitarios, se oponen a esta emprendimiento y se lo hicieron saber por medio de una nota al gobernador. En ella manifiestan que la construcción de la nueva cárcel está en contra de la ley 26.061, que recomienda la reclusión de los jóvenes delincuentes en centros correccionales situados cerca del lugar de residencia de sus familiares. Asimismo se manifiesta que se debe poner atención en el menor, y que su "opinión sea primordialmente tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte" y reitera que la problemática de la lejanía va de impedir la asiduidad de la visita de sus familiares, elemento que indudablemente suma al objetivo de la disciplina y la reinserción. Puntualizan además, que este proyecto "significa responder a reclamos de ciertas clases acomodadas económicamente". Es decir que a la problemática social de la pobreza, mendicidad, delincuencia, adicción, tabaquismo, milonga, festejos, violaciones, acoso sexual, se resuelve como siempre: la basura bajo la alfombra.
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