Évelin Torre
El tecnicismo “commodities” alude a productos que poseen un rango de precios decidido internacionalmente y que no requieren de tecnología avanzada para su fabricación y procesamiento. El término ha pasado a ser de uso común en la discusión de la región pues commodities son los hidrocarburos, el gas, la soja, biocombustibles y otros recursos minerales que América Latina está exportando al mercado global.
Esto se ha dado en un marco político específico pues, en la última década, América Latina ha experimentado un vuelco de sus gobiernos hacia la “izquierda”, definiéndose como “progresistas”. Para así calificarlos se toma en cuenta, en general: su importante esfuerzo en inversión social y redistribución del ingreso, su postura crítica e incluso de ruptura con la agenda neoliberal del Consenso de Washington y con la agenda norteamericana en la región, todo esto acompañado de un discurso de revalorización de los derechos humanos.
Ahora bien, se hace necesario el análisis del impacto que genera este nuevo extractivismo desarrollista, que instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios y a su paso va desestructurando economías regionales, devastando biodiversidad y profundizando el proceso de concentración de tierras, con la consecuente expulsión o desplazamiento de comunidades rurales, campesinas e indígenas.
Un rasgo decisivo del extractivismo es la gran escala de los emprendimientos, con importantísimas inversiones pero que no se traducen en la generación de un gran número de puestos de trabajo pues, por ejemplo, para el caso de la minería a gran escala, por cada millón de dólares invertido se crean apenas entre o,5 y 2 empleos directos. [i]
Y gracias a esta narrativa que genera el consenso social necesario, la frontera extractiva se amplía en términos territoriales, económicos, institucionales y políticos. Por ejemplo, en la Argentina, las exportaciones mineras aumentaron de 3056 millones en 2002 a 16310 millones en 2011, lo que equivale a un crecimiento acumulado de 434%. Asimismo, los proyectos mineros pasaron de ser sólo 18 en el año 2002 a 614 en 2011, arrojando un aumento del 3311%.[ii]
Y la realidad demuestra que las concesiones petroleras, en su mayor parte, están en territorios indígenas y comunitarios, y a pesar de que se los ha reconocido jurídicamente y se les ha garantizado la posesión efectiva de los territorios que ancestralmente les corresponden, la propuesta extractivista oficial ha hecho tabula rasa de esas disposiciones jurídicas considerando que el extractivismo corresponde al interés nacional y éste no se negocia con ningún grupo minoritario que defienda intereses particulares.
La renta extractiva minera: ¿tanto para tan poco?
Característica fundamental de éste proceso es que los gobiernos progresistas latinoamericanos optaron claramente por un "extractivismo depredatorio”, en palabras del investigador Eduardo Gudynas, cuyas consecuencias sociales, ambientales, culturales y políticas, son sistemáticamente denegadas o minimizadas.
Por ejemplo, el pasado jueves trascendió que gracias a los votos del kirchnerismo, el convenio a celebrar entre la provincia de Río Negro e YPF para explotar yacimientos no convencionales de petróleo en el área Loma Campana, no será tratado en la comisión de Medio Ambiente lo que demuestra una disociación oficialista de la explotación hidrocarburífera respecto del impacto ambiental que genera.
En este sentido, también hay que destacar el veto de la presidenta a la ley de protección de glaciares impulsada por Marta Maffe, que fue remplazada por un proyecto del senador oficialista Daniel Filmus, el cual recibió múltiples críticas por menguar el alcance de la norma y el bien jurídico tutelado, reduciendo las zonas donde rigen las prohibiciones de la ley y el área de acción y eliminando la obligación de realizar una Evaluación Ambiental Estratégica, entre otras críticas.
Tampoco hay que dejar de mencionar el acuerdo entre YPF y la empresa Chevron, para la explotación de gas no convencional en el yacimiento de Vaca Muerta mediante la técnica del “fracking”, que en varios países europeos ha sido prohibida y respecto de la cual existen numerosos estudios de diversas universidades que acreditan que es sumamente contaminante. Pese a ello, en Argentina se receptó esta técnica, anunciando con bombos y platillos inversiones millonarias junto a la ex Standard Oil, que dicho sea de paso, fue recientemente condenada en Ecuador por provocar un desastre ecológico que acarreó muerte y enfermedades a miles de personas, en su mayoría campesinos e indígenas.
Y este es un patrón común en toda Latinoamérica, que en los últimos veinte años ha perdido un 30% de su biodiversidad, según informes recientes de las Naciones Unidas, que se expusieron en el marco de la IX Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
Contaminación del aire y del agua con sustancias tóxicas; enfermedades; muerte de animales y humanos; deforestación masiva; pérdida de sitios culturales, arqueológicos y espirituales; cambios climáticos; destrucción del hábitat para el pasturaje, la pesca y la caza. Estas son sólo algunas de las consecuencias negativas que trae aparejada la política extractivista. Es un modelo de mal desarrollo, un modelo insustentable, que se asienta sobre la ecuación de grandes ganancias empresariales y exiguos ingresos fiscales.
Por otra parte, necesariamente debemos destacar que el periodo de bonanza económica experimentado por los países latinoamericanos, sustentado por las elevadas exportaciones, indefectiblemente llegará a su fin.
Los factores externos (alta demanda internacional y elevados precios) están cambiando, y en este contexto hay que tener presente que los gobiernos no aprovecharon aquella coyuntura para generar un estilo de desarrollo propio y autónomo. Casi todos los países apostaron por profundizar todavía más la estrategia económica extractivista.
Un buen ejemplo es la soja, que esta semana experimentó una nueva caída y llegó a su precio más bajo en 17 meses. También ha caído el precio del maíz, trigo y otros productos agroalimentarios, mientras que el mercado de biocombustibles se ha contraído.
Entretanto, también los hidrocarburos y los minerales están en baja, afectando a casi todos los países latinoaméricanos.
Y a medida que avanzan los problemas económicos en América Latina, aumenta la competencia por las exportaciones y la atracción de capitales internacionales, por lo que los gobiernos ahondarán sus resistencias a elevar las exigencias y a la fiscalización ambiental.
El “Consenso de las Commodities"
Lo cierto es que, gracias al discurso oficial, las distintas clases sociales consideran que el ambiente de estabilidad política sumada a la estabilidad económica es un escenario que no debería ser cambiado en absoluto.
Esto genera lo que Maristella Svampa ha denominado el "Consenso de los Commodities", es decir, el consenso social que permite la ampliación de la frontera extractiva porque se la considera fundamental para el crecimiento, la estabilidad, la redistribución y la lucha contra la pobreza.
Gracias a este Consenso, las personas que resisten y luchan contra el extractivismo generalmente están solas. Oponerse al extractivismo equivale a oponerse al crecimiento, al desarrollo, al bienestar social.
Es así que las violentas consecuencias de las políticas extractivas se pierden en el consumo frenético y voraz de las clases medias, mientras los centros comerciales crecen e hipnotizan a las clases sociales más permeables, rompiendo todos los lazos de solidaridad.
Esta cuestión se convierte en uno de los temas urgentes a nivel latinoaméricano: la estrategia extractivista basada en explotar la naturaleza para exportar materias primas hacia mercados globales es insostenible en los planos económicos, sociales y ambientales, por lo que se impone la necesidad de generar nuevas estructuras de desarrollo que permitan utilizar las materias primas en cadenas productivas propias, generando empleo genuino y reduciendo al máximo el impacto social y ambiental.
[i] 15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina. Colectivo Voces de Alerta. Editorial El Colectivo y Ediciones Herramienta, Buenos Aires, Argentina, octubre de 2011, ISBN 978-987-1497-46-1
[ii] Según datos de la Secretaría de Minería, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.
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