Roberto Velez
El pasado viernes, se presentó en la Feria del Libro "El continuismo de la dictadura en la Universidad Nacional de Cuyo- Crónicas desde la izquierda acerca del Mendozazo y la represión" de Roberto Vélez, con prólogo del fiscal federal Dante Vega.
Según Vélez, la represión en la UNCuyo fue ejecutada en lo fundamental por la fuerza aérea, con la complicidad de civiles y académicos. Entre los represores señala a los siguientes:
Enrique Díaz Araujo dijo exactamente en el libro "La rebelión de los adolescentes" como tenía que proceder la represión: suspensión, expulsión, cárcel y/o asesinatos.
Teófilo Ramírez Dolan, oficial aeronáutico a cargo del ministerio de gobierno, manejaba toda la infraestructura represiva provincial.
Enrique Blas Gómez Saá, oficial del ejército, segundo jefe de la inteligencia de la 8va. Brigada. También actuaba en la universidad; egresado y docente en Ciencias Políticas en los años más duros de la dictadura: será juzgado a partir del 11 noviembre En causa en la que soy víctima, testigo y querellante.
Guillermo Alfredo Pose, actuó como funcionario de la dictadura. De la última y de la anterior.
Integrante del PD. Fue convencional constituyente en el año 1994.
La que sigue es la denuncia penal completa que presentó Roberto Vélez ante la Justicia.
DENUNCIA PENAL
SEÑOR FISCAL FEDERAL
ROBERTO EDMUNDO VELEZ, DNI. 6146316, con domicilio en calle Las Orquídeas 2493 de Las Heras, mayor de edad, argentino, casado, Licenciado en Sociología, al Sr. Fiscal Federal como mejor proceda, DIGO:
I – OBJETO
Vengo a denunciar hechos que se cometieron durante la dictadura cívico-militar en la Universidad Nacional de Cuyo inscriptos en la categoría de delitos de lesa humanidad en contexto de genocidio y con carácter de imprescriptibles y de los que eventualmente son responsables militares, policías y civiles (en particular académicos), cometidos contra centenares de integrantes de sus claustros en el período de terrorismo estatal de la década del 70.
II – HECHOS
La Universidad bajo el terrorismo de estado
El 15 de junio de 1976, fui expulsado de la Universidad Nacional de Cuyo.
A fines de 1975 elegido Presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
El Oficial Mayor HUGO A.PERALTA, me envió una nota en la que me notifica de la Resolución Nro. 919 dictada por el “Rector” Interventor Comodoro Ingeniero HECTOR EDUARDO RUIZ. A través de ella disponen expulsarme a partir de considerar “que resulta prioritario erradicar la subversión…”. Y de considerarme “elemento disociador o factor real o potencial de perturbación….”.
Notificaciones de ese carácter recibieron centenares de personas; integrantes de los diferentes claustros.
Se desempeñaba como Secretario General GUILLERMO ALFREDO POSE que también la suscribe y actuaban como asesores los MAYORES DOCTORES GUILLERMO ESTEBAN RUIZ (MEDICO) Y EMILIO ROBERTO COLOMBO CEJAS (ODONTOLOGO). Ambos de la Fuerza Aérea.
Mi esposa (Elba Mirta Sosa) firmó por mí y presentó un recurso de revocatoria el 30.6.76 –plazo máximo de presentación- objetando la expulsión. Yo no pude hacerlo; había explotado un segundo explosivo en nuestra vivienda y paradójicamente, me detuvieron; junto a mi suegro que me acompañaba. (El primer atentado fue el 14 de octubre de 1974). La casa fue saqueada; como consta en la denuncia que realiza Mirta en el libro de guardia de la Comisaria 34, que se ubicaba en la calle Maipú de Godoy Cruz.
Las cucharitas para el café las usaba personal policial.
Y los centenares de libros y carpetas que se llevaron, los vi en un inmenso salón en donde se separaban por origen, junto a miles acumulados en el suelo ubicado en el comando de la calle 9 de julio, provenientes de operaciones similares.
Además habíamos sido despedidos de nuestros trabajos por razones políticas: de la JOYERIA KONIG y de la BODEGA QUIROZ.
Obviamente la presentación nunca fué respondida.
Unos días después, el 9 de agosto de 1976 fui nuevamente encarcelado. Y permanecí en prisión hasta fines del 77. Pasé nuevamente por la Comisaria Seccional 34. Y por la 7ª. de Godoy Cruz, Compañía de Comunicaciones, Penitenciaria local y Unidad 9 de la Plata. En todos estos lugares, como mis compañeros de presidio, vejado y torturado.
Es menester señalar que en las dos oportunidades que explotaron bombas en mi casa (24.10.75 y 30.6.76) tuvo participación la Comisaria 34 de Godoy Cruz. Y que en los dos hechos era su comisario el Oficial DOMINGO ROQUE RIVERO; que había sido unos meses antes jefe del D2. Todo indica que los autores actuaron con zona liberada. PEDRO DANTE SANCHEZ CAMARGO, que también fue Jefe del D2 y luego integrante de la inteligencia de la Fuerza Aérea, en relación a las zonas liberadas dijo; “El comando radioeléctrico daba cuenta a la comisaria de la existencia de un procedimiento. El COT daba cuenta al comando radioeléctrico y este avisaba a la comisaria del área donde iban a trabajar. Dependía del Comisario asistir y dependía del ejercito, ellos disponía que se debía hacer….”
RAUL RUIZ SOOPE, oficial policial recientemente condenado por crímenes de lesa humanidad, ha manifestado que las bombas “eran colocadas por la misma policía; aunque afirmó no conocer los nombres de los autores”.
En lo que respecta a la Facultad era Decano con anterioridad al golpe y lapso en el que se prepararon lo fundamental de las listas negras, HECTOR BALMACEDA. Un empleado administrativo de la sección alumnos, ahijado del mencionado, CARLOS DIAZ, todavía empleado no docente, con unos cuantos conmilitones, participó de la tarea.
En democracia, LAURA CIANCIO Decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, cuñada del oficial TTE. CORONEL RODOLFO LARGACHA 2do.Jefe en la Compañía de Comunicaciones de la 8va. Brigada que se utilizó como campo de concentración y tortura, tuvo en Diaz un estrecho colaborador. En un conflicto estudiantil durante este periodo democrático, entregó indebidamente información de los alumnos a la Policía.
Listados a propósito de los cuales el ex Rector Luis Triviño dijo; “...acerca de cuya confección es razonable conjeturar que no estuvo a cargo de los propios militares (que nada conocían de la vida interna de la Universidad) sino de los civiles universitarios adictos al proceso…..que pone de manifiesto la perversidad de sus adictos de traje y corbata”.
III. ANTECEDENTES
La Universidad bajo el terrorismo con apoyo estatal
El “rector” OTTO BURGOS, adelantado de la dictadura en la Universidad Nacional de Cuyo decía: “Los agitadores marxistas y los responsables del desquicio……serán sancionados como corresponde, no en razón de sus ideas, sino por su condición de instrumentos de una política disolvente y subversiva que atenta contra el orden académico y compromete a la seguridad de la Nación”. (Los Andes 4.1.75).
“La energía que sea necesaria para mantener el orden...” expresaba un Comunicado del Rectorado del 14 de abril de 1975, después de haberse reunido OTTO BURGOS, JULIO SANTUCCIONE Y RAUL RUIZ SOOPE.
OTTO BURGOS, se despidió de su gestion represiva, correlativa a la de la Misión Ivanisevich diciéndole al aeronáutico; “que Dios lo ilumine en esta hora”.
Amadeo Sánchez Andia, (estudiante de Periodismo), Susana Bermejillo (egresada de filosofía) y Mario Susso (UTN) fueron universitarios asesinados durante este periodo, a manos de bandas combinadas de civiles y uniformados dirigidos desde el destacamento 144 de inteligencia del Ejército. La CNU (Concentración Nacional Universitaria) grupo de extrema derecha funcionaba en los claustros universitarios conectada con los servicios de inteligencia.
Terrorismo estatal abierto
Después del 24 de marzo se profundizaría la represión.
En el período de la gestión en el rectorado del oficial aeronáutico HECTOR RUIZ, lapso en el que se produjeron las sanciones, fue “decano” en Ciencias Políticas, DENNIS CARDOZO BIRITOS. Y secretario académico, entre otros, ESTEBAN ONOFRI.
En ese periodo se desempeño en la Facultad en el plantel docente, ENRIQUE BLAS GOMEZ SAA. Segundo jefe de inteligencia del ejército a cargo del seguimiento subversivo también en lo estudiantil; según declaraciones ante la Justicia de su Jefe ORLANDO OSCAR DOPAZO. (G2)
Téngase en consideración que tales sanciones siguieron las pautas que en lo represivo estableció uno de los ideólogos civiles de la represión local: ENRIQUE DIAZ ARAUJO. Docente en Ciencias Políticas y autor del libro LA REBELION DE LOS ADOLESCENTES (publicado por PEDRO SANTOS MARTINEZ desde el Rectorado) escribió: “!Y basta de permisivismo ¡…”Pasemos a la represión.”
Acerca de lo que debieran hacer las autoridades con “los elementos de la rebelión universitaria” y tomando una encuesta realizada en Inglaterra sugiere:
“Expulsar a los cabecillas: 74%...Meterles en la cárcel 52%.....Expulsar…. durante varios meses 71%”
Y exhorta: “La encuesta demuestra….que la represión es mucho más popular para el hombre de la calle de lo que los mismos estudiantes suponen”.
La represión que desató la dictadura en la UNCuyo, se corresponde con la propuesta por Diaz Araujo. Y aunque en este listado de alternativas no aparecen desapariciones y asesinatos, este otro de sus textos lo previó:
“Los que no se matan, sin una necesidad suprema del bien común, son las personas”. La necesidad suprema fue la seguridad nacional.
El 8 de setiembre de 1976, el diario Los Andes publica que el “rector” informó que unas 10.000 publicaciones extremistas fueron archivadas y otras remitidas a los “servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea”. Finalizó diciendo que el sistema de áreas implementado académicamente con anterioridad, era “una de las premisas utilizadas por el comunismo como medio para llegar al poder”. E informa que fueron sancionados 181 profesores, 15 no docentes y 235 estudiantes. Según el aeronáutico el sistema de áreas se proponía “la revolución universitaria que se traslada luego a toda la sociedad”, echando las bases “para un hombre nuevo condicionado a la teoría marxista”. “Se cumplía así con una de las premisas utilizadas por el comunismo para llegar al poder”.
En verdad se trato de no menos de 250 docentes y no docentes. Y de 290 estudiantes.
En lo que hace a los aeronáuticos, su rol se corresponde con los dichos de uno de mis torturadores en una de las sesiones del mes de agosto de 1976. Estando vendado, atado y golpeado en Comunicaciones dijo: “Han llegado los de la Aeronáutica trayendo una biblioteca con tus antecedentes”.
Por otra parte la tarea represiva tuvo graves manifestaciones con anterioridad al propio golpe.
El periodista Rafael Moran en su declaración ante tribunales federales, afirma que dos aeronáuticos se apersonaron al Diario Los Andes a fines de 1975 con la exhortación “se acabo la joda”. Ordenando censura.
Téngase en consideración que el jefe de la banda de criminales que trabajaba coordinada y unificadamente a nivel interfuerza en las torturas, habría sido un aeronáutico de nombre JORGE OSVALDO GARCIA. Nacido en Godoy Cruz-Mendoza. Paradójicamente “héroe de Malvinas”.
Era Jefe de la IV Brigada Aérea, el Brigadier González Castro.
Formaban parte de la inteligencia de la FFAA., regional IV, entre otros el Oficial OSVALDO ANTONIO PADORNO MESA, el Tte. JORGE OSVALDO GARCIA, JOSE ESTEBAN JOFRE, ARMANDO OLIMPIO CARELLI; (encargado del personal civil de inteligencia) y CARLOS SANTAMARIA entre otros.
Gobernaba la Provincia el BRIGADIER SIXTO FERNANDEZ. Como ministro de gobierno actuaba el aeronáutico SERAFINO TEOFILO RAMIREZ DOLAND, de cuya gestion dependían comisarias, sedes policiales y penitenciarias. Con suficiente capacidad para disponer de las estructuras y definir zonas liberadas funcionales al plan criminal genocida.
Era su Secretario Privado ANGEL CIRASINO; ex liceísta egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNC.
El luego presidente de la Suprema Corte, JORGE NANCLARES habría sido asesor jurídico en el Ministerio de Gobierno y EFRAIN QUEVEDO MENDOZA, luego Fiscal de Estado, habría cumplido similar función.
Julio Cesar Santuccione (designado por el Interventor Antonio Cafiero en una administración en la que actuaron Rafael Cesar Tabanera, Juan Enrique Acevedo, Aníbal William Orozco, Armando Blanco y Enrique Olmedo, entre otros) fue jefe de policía desde octubre del 74 a diciembre del 76. Tarea en que lo sucedió otro aeronáutico: el COMODORO ALCIDES PARIS FRANCISCA. Dicha designación fue ratificada por los también interventores LUIS RODRIGUEZ MARCO DEL PONT y el General PEDRO LEON LUCERO. Habiendo sido funcionario en tal lapso NICOLAS BECERRA. Impulsor de la designación de Santuccione junto al referente sindical CARLOS MENDOZA.
Además de las cesantías al personal, en lo que hace a los estudiantes hubo dos tipos de sanciones: suspensiones y expulsiones. Estas últimas susceptibles de ser reconsideradas después de 5 años. Es decir el 15.6.81.
PEDRO SANTOS MARTINEZ, “rector” reemplazante del anterior, a través de Nota Nro. 1514 de 1976 recordaba desde el Rectorado a los responsables de todas las dependencias que “por razones de seguridad está prohibido el acceso a los edificios de la Universidad a los alumnos sancionados y al personal cesante…..El control del acceso a esa Facultad debe ser realizado por personal de servicio del organismo, en forma sistemática y permanente. A los efectos indicados, remito adjunto un ejemplar de las listas de alumnos y ex agentes cuyo ingreso se encuentra prohibido”
Integrantes de esos listados fuimos amenazados, encarcelados, torturados, expulsados del sistema productivo y nuestras viviendas objeto de explosivos y saqueo.
En otros casos desaparecieron o fueron asesinados: Daniel Horacio Olivencia, Rafael Carlos Espeche, Ana Maria Moral, Luis Rodolfo Moriñas entre otros.
Lo que pone en evidencia que tal tarea no estaba al margen del funcionamiento de la COMUNIDAD INFORMATIVA y del COT. Ambos ámbitos represivos de todas las fuerzas de seguridad locales.
A Santos Martínez lo sucedió ENRIQUE ZULETA ALVAREZ.
Habiendo pasado los 5 años que establecía la resolución para solicitar el reingreso, (y habiendo soportado otra detención en manos de la Federal– torturador Willie Cardello por medio-el despido de SECH SRL., y el entorpecimiento por parte de la SIDE de la adjudicación por el BHN de nuestra vivienda) el 22 de junio de 1981 me dirigí al “decano” de la Facultad MARIO GUILLERMO SARAVI y solicité mi reingreso. En su gestion actuó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el SM®SEBASTIAN RAMOS: Sub Representante Enlace Técnico Comunicación Social.
El 30 de junio, el ya mencionado Pose, que firma como Jefe de Asesoría Letrada, se dirige al “Rector” diciendo:
“En consecuencia por el carácter facultativo y dado que la causa invocada para la medida tomada no fue de índole académica, sino vinculada a la seguridad nacional, considero y así lo aconsejo que para considerar la petición correspondería que, con carácter previo, por intermedio del Servicio de Enlace Técnico de Comunicación Social (eufemismo que enmascaraba a los servicios de inteligencia de la Universidad) de este Rectorado, se informe si por razones de seguridad es o no conveniente la admisión de la solicitud de reingreso… ”
Dicho asesoramiento lo recibe el Contador ROBERTO VARO, Secretario General de la UNC que el 3 de julio resuelve el “pase al Servicio de Enlace Técnico de Comunicación Social”:
Es decir los “rectores” y sus subalternos, dependían de la “inteligencia” de las fuerzas de seguridad.
Que a través de la Nota 1140, del Expediente 8-269-V-81, con fecha 3 de agosto dirigiéndose a Varo ordenan: “llevamos a su conocimiento que en virtud a la información suministrada por la COMUNIDAD INFORMATIVA LOCAL, este servicio de Enlace Técnico de Comunicación Social, NO CONSIDERA CONVENIENTE LA REINCORPORACION como alumno al Sr. Vélez, Roberto Edmundo……”
Firma el mamotreto el VICECOMODORO DR. HUGO A.CRESPIN, representante Enlace Técnico Comunicación Social.
Téngase en consideración que el General Carlos Alberto Martínez, hombre de confianza de Videla, fue el que diseñó el aparato represivo nacional. Y no casualmente entonces tomó a su cargo la COMUNIDAD INFORMATIVA nacional, que integraban los servicios de inteligencia de todas las fuerzas, el Director de la Escuela de Inteligencia y el Secretario de la SIDE.
Por otra parte y en lo hace a otras complicidades civiles, el 19 de agosto de 1981 elevé un recurso de amparo ante la justicia federal.
Fue rechazado en primera instancia por el Juez JORGE ALBERTO GARGUIR. Al que le “llamó poderosamente la atención que hubiera dejado transcurrir tanto tiempo sin haber ejercido alguno de los medios comunes previstos para urgir una respuesta de las autoridades correspondientes”.
Otro tanto ocurre en segunda instancia con LUIS MIRET, MANUEL MARTIN MEFAZZINI Y ANGEL ECHEZARRETA. Algo mas leguleyos, teorizaban: “En el caso el alumno Vélez predica la lesión a su derecho a aprender, pero en modo alguno concreta que esa lesión sea ilegitima y menos aun que la ilegitimidad sea manifiesta”.
Consecuentemente, el 9 de setiembre de 1981, rechazaron “in limine” la acción que intenté. La que elevamos a la SCJ de la Nación.
El 13 de mayo de 1982 el “Rector” ENRIQUE ZULETA ALVAREZ se dirige al “Señor Comandante de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, solicitándole “quiera tener a bien informar si considera procedente” mi reincorporación.
Téngase en consideración la subordinación de Zuleta al cuarto sucesor de la Brigada. General CARLOS H GARAY. Después de MARADONA, SAA Y LEPORI.
En agosto de 1982 Los Andes publica una SOLICITADA-CARTA ABIERTA al “rector” Zuleta en la que denuncio y divulgo la situación y pongo de relieve su dependencia de “las autoridades encargadas de la seguridad”.
El 26 de octubre por resolución 2313 se dispone mi reingreso; en las postrimerías de la dictadura que termina su actuación en diciembre de 1983. El 22 de noviembre de 1982 presenté un recurso de reconsideración. No podía incorporarme a Sociología. La carrera había desaparecido.
El 25 de marzo de 1983 Zuleta no hace lugar al recurso. Y sugiere termine la carrera en otra Universidad. Lo que con la expulsión a cuestas constituía “un camino sin salida”.
En enero de 1984 me dirijo al Decano Normalizador Luis Triviño.
El 17 de febrero de 1984, Isidoro Busquets Rector Normalizador, autoriza a la Facultad a que finalicemos la carrera.
La que el 27 de febrero resuelve incorporarme al Plan de Estudios de Sociología.
El 10 de agosto de 1984, Busquet en consideración de la “necesidad de reparar acciones que vulneran la justicia y el derecho, repudia las sanciones y las declara inexistentes.
Los represores que actuaron en las dos etapas del terrorismo de estado en la Universidad Nacional de Cuyo, en lo que a mí respecta, fueron consecuentes con el texto Marxismo y Subversión, Ámbito Educacional-Ejercito Argentino-Estado Mayor General del Ejército. En su página 27, se lee:
”Caracterización de las principales organizaciones subversivas que actúan en el ámbito educacional: Las diversas bandas de delincuentes subversivos que han alcanzado alguna otra vigencia, aparte de su accionar violento, ha tratado de encubrir esas actividades colaterales mediante el uso de nombres o siglas que disimulen su origen y dependencia. Por ello es útil tener conocimiento del “quien es quien” subversivo, especialmente referido al ámbito educacional; sigla MOR, colateral estudiantil. Movimiento de Orientación Reformista. Dependencia; Partido Comunista. Tendencia; moscovita.”
En esos ámbitos militaba.
IV. CONSIDERACIONES FINALES
En el año 1984, un intento parlamentario de investigación se frustró a consecuencia de que el proyecto del Senador Justicialista Alfredo Ghilardi, (que había pasado por las mazmorras de la compañía de Comunicaciones en cuyos calabozos de la guardia lo conocí) no fue acompañado por sus pares de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Cámara de Senadores. Aquella intencionalidad de “que se investigaran hechos y responsables” no fue satisfecha por la legislatura local.
“La consolidación de la democracia solo se conseguirá si entre todos somos capaces de asumir las responsabilidades que nos competen”, decía el Senador en aquellas circunstancias.
Cuando fuimos reincorporados 7 alumnos en la carrera de sociología sostuvimos la necesidad de que los actos de justicia se completaran; “y alcanzaran a también a la partes que ocasionaron los hechos”.
Todo indica que llegó el momento de la investigación y de la asignación penal de responsabilidades.
Se impone que quienes actuaron represivamente en la UNC., sean castigados.
La represión en Mendoza, dejó entre otras rémoras, centenares de asesinados y desaparecidos. Miles de presos, torturados, exiliados, cesanteados del sistema productivo y del sistema educativo.
A fs. 1014 de la causa 020-F “Fiscal c/Menéndez Luciano B. y otros)…Ref. Lecea-Guidone-Velez” con reciente sentencia condenatoria de los acusados, el Juez Bentos , explicando “como se había organizado la forma en que se iba a materializar o ejecutar la orden delictiva de aniquilar a los elementos considerados subversivo”, refiere “en la sede de la Brigada se montó una estructura de investigación, análisis y decisión conocidas como COT (Centro de Operaciones Tácticas) conformada por los jefes del G2 (inteligencia), G3 (operaciones)…por el Destacamento 144 que dependía directamente del Tercer Cuerpo de Ejército, aunados con los servicios de informaciones e inteligencia de las demás fuerzas de seguridad y de la fuerza aérea….conocida como la COMUNIDAD INFORMATIVA……”
Bajo una jefatura única; la 8va. Brigada Infantería de Montaña a cargo del Gral. Maradona.
Las sanciones a centenares de personas integrantes de los claustros universitarios, formó parte del “plan sistemático para eliminar físicamente a los opositores…. e inmovilizar a través del miedo…… El plan terrorista consistió en el uso de la violencia tanto desde la instituciones públicas como desde las estructuras clandestinas creadas por el propio estado para la sistematización de la detención ilegal, tortura y asesinato de miles de personas”.
En ese contexto, descripto por el ex fiscal federal Omar Palermo, se inscribe el accionar represivo en la UNC. En particular de la Fuerza Aérea.
De la que son expresión los centenares de personas perseguidas y reprimidas en tal lapso.
Sabido es que la característica principal del crimen contra la humanidad, “radica en la gravedad de dicha lesión, la pluralidad de las victimas atacadas y la sistematicidad de las operaciones, elemento este ultimo que requiere de la configuración de una organización criminal con una compleja división funcional”. Entendiéndose por “sistematizados aquellos ataques que sean la consecución de una planificación de operaciones dispuestas de manera organizada para obtener los fines políticos del Estado u organización terrorista”.
La suspensión y expulsión de docentes, no docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Cuyo, no constituyó un hecho aislado. Fue parte de un plan criminal sistemático de represión ilegal implementado por la Fuerza Aérea.
Precisamente, los delitos de lesa humanidad tienen como característica la victima colectiva. Y por ello se los reputa delitos contra el derecho de gentes.
Dichas fuerzas contaron para su accionar con sus propios archivos de inteligencia. Consecuentemente la FUERZA AEREA se hizo cargo también de gobernar la Universidad Nacional de Cuyo. En el caso de la UNC ha quedado en evidencia la dependencia de sus “autoridades” académicas de la COMUNIDAD INFORMATIVA y del COT.
Y además el aporte civil al plan criminal.
V. CONSIDERACIONES. PARA QUE EFECTIVAMENTE NUNCA MAS, TERMINAR CON LA IMPUNIDAD
En el año 1999 terminé mi carrera. 20 años después del momento en el que debiera haber finalizado. Pese a los discursos de ocasión, no hubo nunca un acto de reparación por parte de la UNCuyo por semejante afectación. Ni en relación a los que protagonizaron tantas tropelías. Ni reparando el daño irreversible originado. Al contrario.
Hace unos años fui contratado por la Facultad, merced a la decisión del Decano Carlos Finochio. Su sucesora Laura Ciancio de Morales, suspendió mi contrato que me posibilito durante un lapso, ejercer la docencia. La susodicha, resulto ser la cuñada del Oficial LARGACHA. Segundo Jefe del Campo de Tortura que funcionó en la Compañía de Comunicaciones. PUEBLA Jefe y MIGNO a cargo directo de los presos políticos fueron procesados y condenados. No así LARGACHA. Que como se vé, siguió actuando.
La Obra Social DAMSU que me corresponde por el hecho de ser graduado, no me cubre la salud. Un sospechado de participar como médico en las torturas del D2, BAJUK, siendo Presidente de la Obra Social, denegó mi petición, con el pretexto que había superado la edad establecida.
VI. EXHORTO
Por lo expuesto solicito al Señor Fiscal promueva la acción penal correspondiente y la investigación de los hechos denunciados. E impulse la individualización y sanción a los responsables. Para lo que resultara un importante avance contar con los listados de todas las “autoridades” que ejercieron actividad durante la dictadura. Tanto en lo que respecta al Rectorado, como a las distintas Facultades y ámbitos integrantes de la UNCuyo. Como así también los del poder ejecutivo provincial, comisión de asesoramiento legislativo y poder judicial. En lo que a mi testimonio respecta, pongo a disposición de la investigación, toda la documentación que he citado.
ES JUSTICIA
Roberto Velez
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