Alberto Atienza
El crimen de la niña Luciana. La unión de dos situaciones incomprensibles, espantosas, que dieron por resultado la muerte de la pequeña. Una, la enorme carga de maldad del padrastro asesino (Jorge Orellano) que se ensañó con una pequeña indefensa, como la mayoría de los homicidas que atacan a quienes no pueden ofrecer resistencia, con un arma o con su fortaleza física. Viles cobardones.
La otra. Manifiesta y mortal inoperancia de muchos empleados del Estado. Les pagamos para que protejan a la niñez en riesgo. Y no aparecen en los lugares donde una pequeña, en este caso, ya había sido condenada a muerte por un individuo de vasto prontuario policial y, además, según algunos que lo trataron, adicto a las drogas. Esto último deberá ser verificado acaso por primera vez en la historia de la criminalidad mendocina. En efecto. Un sujeto o varios cometen un brutal hecho con saldo de una o más víctimas fatales. En el caso de ser detenidos al autor o autores, poco después de consumado el delito, nunca se los somete a un análisis. Matan, a un promedio estimado de dos humanos por semana: comerciantes, estudiantes, ancianas, niñas, médicos, abogados. Nadie está exento de ese fin que llega cuando las barreras inhibitorias de los malvivientes ya fueron disueltas por la intoxicación con estupefacientes. Por ende uno de los posibles móviles y detonantes de hechos que espantan a la sociedad, la llenan de miedo y arrastran consigo la vida de seres inocentes, no es analizado. No se registra esa alteración, individuos convertidos en otros, para quienes la vida de los semejantes no conlleva ningún valor.
Las declaraciones de los funcionarios responsables de evitar (algo que no hicieron) el fin de Luciana, incurren en lo absurdo. Dichos que serían risibles si el tema fuera otro. Uno, ni hace falta mencionar su nombre y cargo, la TV mendocina ya lo instaló en la eternidad del desatino, expresó muy suelto de cuerpo que “debían seguirse los protocolos” y que “es importante ser cautos” Luciana esta muerta. Una mujer del área de “protección” mencionó que la niña no estaba en “riesgo de calle”
La directora del Programa Provincial Contra el Maltrato Infantil, Marta Cadelago de Stagni respondió a cargos formulados por tías de la pequeña inmolada que aseguraron haber llamado varias veces, sin resultado, al 102, teléfono clave para las emergencias en la que estén involucrados niños. Dijo: “Tenemos un contestador que atiende y mucha gente se confunde y cree que no hay nadie. Hay otras veces que está ocupado”
Lo conveniente, por una cuestión de decoro, es que todos esos empleados del Estado, si no hicieron nada por la vida de la pequeña por lo menos, respetuosamente, se queden callados. Que no agreguen vergüenza al dolor. Toda la comunidad mendocina llora el deceso de Luciana. Por lo horroroso, fue muerta a golpes. Por que la madre (¿En que nube divagarán sus sentimientos?) dejó a Luciana y dos hermanitas a cargo de un sujeto incapacitado para ejercer la guarda de cualquier forma de vida ¿No sabía la progenitora a quien eligió para compartir sus días? Parece que no. En cambio la abuela de la pequeña estaba al tanto de una anormal situación: el inadaptado social, ex convicto, castigaba duramente a la niñita porque no era hija suya. Un cuidacoches hizo una denuncia. Encontró a la niña muy maltratada y flaquísima. El mismo hombre, un ser sensible, expresó en la seccional tercera que la criatura era abandonada y que cruzaba las calles con total peligro de su vida. La ayudó. Dejó a la nenita en la seccional. Nadie reaccionó. Fue llevada de nuevo al lado de quien la lastimaba, le hacía pasar hambre: el asesino ¿Quién decidió instalarla otra vez al lado del monstruo que la lastimaba? No está clara esa responsabilidad. Todo lo sucedido sirvió además para que el salvador frustrado se quedara sin su trabajo.
Tres cuidacoches ya han declarado en el caso y sus dichos empujan al padrastro y a la madre a los banquillos de acusados. Familiares de la niña testimoniaron y comprometieron aun más a la pareja.
La directora del DINAF Patricia Spolanski, le puso un título al abandono que eclosionó con la muerte de Lucianita: “un fracaso como sociedad” y dijo que “el Estado tiene la primera responsabilidad”
La fiscal que entiende en la causa, Claudia Ríos, decidió iniciar una investigación “por presuntas irregularidades” que pondrá en la mira de la Justicia a los funcionarios que debieron haber actuado para proteger a ese pequeño angelito. Y no lo hicieron. Lo que no se menciona en ese afán de esclarecer es si caerán en el rasero funcionarios judiciales, además de los administrativos, que deben intervenir obligadamente en estos casos. Esta escalada de abandono de la pequeña, de omisiones, de vacaciones, de desinterés, de torpezas y por todo eso, incapacidad.
“Yo puse la denuncia, me cansé de hablar por teléfono, más de un mes y medio pedí que me entregaran a mi nieta”, aseguró desesperada Claudia Rivas, la abuela de Luciana, la nena de 3 años que fue llevada por su padrastro envuelta en una sábana a la Clínica Santa María, para que la atendieran y la curaran de los golpes que le propinó. La pequeña ya llevaba, al ingresar a la guardia, más de tres horas de muerta.
La mujer señaló que las comunicaciones las mantenía con un hombre llamado Jorge Vizcarra, quien trabaja como operador en el Organismo Administrativo Local (OAL): “Le dije que la golpeaba, le dije que la mataban de hambre y él no hizo nada”.
Claudia dijo a Radio Nihuil: “Anoche fui a saludar a mi hija porque era el cumpleaños y el mal parido no me quiso abrir la puerta. Eran las 22.15. La tuvo que haber tenido muerta a mi nietita ahí ese hijo de puta”.
“Mi hija tenía miedo porque a escondidas se fue el 1º de enero a mi casa. Le pregunté qué pasó y me dijo que él le había pegado y la había echado de la casa. Entonces yo quería buscar a Luciana y me dijo que por favor no fuera porque él la tenía amenazada que tenía un arma que me iba a matar a mi, a mis hijos y a ella también”.
El padrastro de Luciana, es conocido en la calle como Coco, quien cuidaba coches en la calle Amigorena, de Ciudad.
Según Rivas, nunca vio que las otras dos nenas, de 6 meses y de un año y medio, tuvieran golpes. “A ellas las tenía bien alimentadas, les compraba yogur, pero a mi nietita nada. Le decía a mi hija que Luciana no tenía que tomar más leche porque ya era grande”.
Recordó: “Un día me acerqué y estaba mi hija llorando en una esquina con Luciana al lado y él estaba en la otra esquina comiéndose un sánguche de salame y queso”
Son varias las niñas asesinadas por sus seres más allegados. En casi todos los casos hubo una decisión judicial superior que atendió una suerte de imperativo que no siempre es el adecuado: las nenas debían retornar a sus “hogares” No hay nada mejor que la familia, es el pensamiento, el precepto que baja en la forma del fin de la vida de una pequeña indefensa. A veces, como en el caso de Luciana, debe aparecer el responsable que mandó a la nena al lugar donde la dañaron. Acto seguido, fue asesinada. A la fiscal Claudia Ríos le toca ahora poner en claro estas secuencias de abandono, de lavados de manos. Acaso esta vez surja una verdadera y efectiva protección para niñas y niños en peligro. Mendoza, provincia tracción a muerte.
Camión versus el Abandono…
Hace unos años, habitantes de El Fachinal, en su cuarto día de ayuno forzado, incluidos jóvenes, niños y ancianos, pidieron ayuda. Desfallecientes por inanición clamaban por comida. Habían sido expulsados de un gran basural (Campo Espejo) que les brindaba el sustento pues ellos vendían lo poco que servia de los deshechos. No tenían como alimentarse. Uno de los vecinos murió. Lo velaban sobre una mesa enmarcado con cuatro cirios temblorosos. No podían sepultarlo. Carecían de dinero para adquirir el más barato de los féretros de pino tea. Lloraban de hambre y pena. Una funcionaria, ya agotados los protocolos, metió un camión de culata frente a un depósito de la Dirección del Menor, nada que ver con su área. Saltó el candado y los pobres comieron. Hasta consiguió un digno velorio para el que se fue porque no daba más.
Acaso ahora haga falta otro camión, metafórico camión, que destruya el portón de inacción, de insensibilidad, que caracteriza a quienes deben velar por la seguridad e integridad física y espiritual de los menores. Terminar con una serie de figurones que cobran altos sueldos y nunca están cerca (menos al lado) de un sector de la niñez en estado de abandono. Por la peatonal, todos los días, aparecen niños con esa forma de mendicidad enmascarada que es la venta de una estampita. Madres con bebés en brazos. Chicos de entre 10 y 12 años muy delgados, con piernas como palillos, pasan por un quiosco y arrebatan un chocolate, galletas, lo que esté a su alcance y huyen. Otros, apenas de seis o siete años, casi silenciosos, piden algo de lo que uno está comiendo. Es evidente que tienen hambre. Ocurre en el kilómetro cero. Nunca se ve por ese lugar un equipo oficial para hacer contacto con esas criaturas que no viven en el mejor de los mundos. Esos ausentes cobran buenos sueldos que pagan los contribuyentes. Vegetan en sus despachos con aire acondicionado, planificando la actividad de feriados largos. En estos días, todos quieren adquirir el bronceado de playas
¿Y los chicos en peligro? En “riesgo de calle” una tipificación casi maligna pues si se aplica al pie de la letra como ocurrió con Luciana ella estaba fuera de ese límite, pues vivía en un “hogar” Nadie se arrimó nunca a ese espacio, una casa deteriorada, sin servicios, en la que residía la familia de Luciana en calidad de “ocupas”
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