La Multisectorial de General Alvear y la Asamblea del Pueblo de Alvear convocaron a concentrarse este martes 11 de noviembre en las rutas 188 y 143 a la altura de General Alvear.
El próximo martes se vota en el recinto la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero Hierro Indio, en Malargüe y por ello, a través de un comunicado de prensa, La Multisectorial de General Alvear y la Asamblea del Pueblo de Alvear informaron que ante la posible violación de la LEY 7722 y en defensa de los Derechos Colectivos de los habitantes de la Cuenca del Río Atuel se declaran en estado de alerta y movilización.
“Se da por sentado que será aprobado. Se necesitan al menos 20 votos y sólo contamos con 16″, subrayaron con pesimismo los asambleístas, quienes ya advirtieron que recurrirán a la Justicia contra Pérez y sus funcionarios si se aprueba la DIA de Hierro Indio que se discute en la Legislatura. ”La ley nos da las herramientas para que se castigue a los responsables. Denunciar es nuestro deber y derecho, porque la complicidad es encubrimiento y también delito”.
Las organizaciones están convocando a concentración este martes 11 de noviembre a partir de las 10hs. Los puntos de encuentro son:
- Ruta Nac. 143 y Calle F
- Ruta Nac. 143 y Calle O
- Ruta Nac. 188 y Calle 25
Las Asambleas por el Agua plantearon las siguientes objeciones en torno al proyecto:
• “El informe de impacto ambiental presentado por la empresa afirma que no hay actividad antrópica en la zona, a pesar de que el sistema de información territorial del Gobierno de la Provincia de Mendoza, registra una importante cantidad de puestos en el secano. (comunidades originarias y pastoreo)
• “No se ha realizado un análisis paleontológico y arqueológico de la zona, sin tener en cuenta, que sus condiciones geográficas e hídricas presumen vestigios materiales de tal índole, desconociendo la ley que rige para estos casos.
• “No se ha solicitado, a los municipios de San Rafael y General Alvear, a que presenten sus dictámenes sectoriales a solicitud de la Empresa, a quien se supone se debe controlar, fundamentando que sería conveniente, en pos de la celeridad del proyecto, obviar los dictámenes técnicos de los otros municipios.
• “No se ha convocado a audiencia pública a través del Boletín Oficial, ni cualquier otro procedimiento, violando toda instancia de participación ciudadana.
• “En el mismo Expte, figuran dos razones sociales distintas responsables del proyecto. Una nombrada solo por el gobernador: Hierro Indio SA; y otra reconocida por el solicitante (proponente) Fugazzotto A. a lo largo del proyecto, quien la denomina Empresa Fugazzoto. No se encuentra documentación legal pertinente que acredite el traspaso de razones sociales. Se infringe así, Código de procedimiento administrativo y hasta el mismo Código de Minería, debido a que el expte. Legal no forma parte del proyecto de Ratificación Legislativa, siendo este solo hecho una violación gravísima en todo el procedimiento.
• “No se ha presentado la lista de profesionales responsables de los análisis del Informe de Impacto Ambiental que requiere la legislación.
• “En la matriz de impacto ambiental, que utilizan para analizar tal procedimiento, la empresa explicita que no puede determinar: la Contaminación de la tierra, el Impacto ambiental sobre el agua subterránea y superficial, sobre especies arbóreas y animales, sobre el paisaje. el desarrollo urbano y el estilo de vida, que este proyecto causará.
• “No se han respetado los tiempos, ni los formatos administrativos contemplados por la ley.
• “Ante las observaciones citadas en los dictámenes sectoriales, por parte de la Dirección General de Irrigación y de la Municipalidad de Malargüe, la respuesta del responsable expresa: “se toma nota”, sin ofrecer la corrección y viabilidad, a los pedidos solicitados que permitirán remediar el Impacto Ambiental”.
Sintetizaron al final del comunicado que “la violación a las leyes es delito, y más aún cuando es premeditada. Más allá de las infracciones administrativas, antes las leyes de protección ambiental, cuyo accionar es superior a cualquier otra legislación patrimonial, como lo es el Código de Minería. La violación a las leyes es delito, y más cuando se miente con artilugios y falsas promesas a las necesidades laborales, productos de las nefastas políticas, creando el enfrentamiento entre mendocinos, poniendo en riesgo la paz social”.
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